Compromís ha presentado en las Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados sendas iniciativas parlamentarias para que aquellos bancos que reciban ayudas públicas, que van a ser rescatados con el dinero de nuestros impuestos, no puedan desahuciar a la gente de sus casas.
Para la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, «no puede ser que en un país donde se dedican millones y millones de euros a salvar a los bancos haya personas que se suicidan porque los tiran de sus viviendas, los dejan sin techo, en la calle con las maletas y con sus hijos «.
«No podemos permitir esta situación, los bancos deben asumir responsabilidades. Nosotros hemos defendido desde el principio que lo que hay que rescatar es a las personas y no a los bancos, pero en todo caso, todos los bancos que hayan recibido dinero público porque no han gestionado bien sus cuentas deben tener responsabilidades sociales y obligaciones legales «.
Con sus propuestas Compromís reclama cambios normativos mediante los cuales se establezca la renegociación de las condiciones hipotecarias de las personas con dificultades de pago, la reducción de la deuda que se considere que está por encima de la capacidad de pago del prestatario y una nueva tasación pagada por la entidad, la venta o alquiler efectivo de mínimo el 70% de su activo inmobiliario y el destino de mínimo el 30% de los beneficios anuales a obra social.
Asimismo respecto a la retribuciones de los directivos de los bancos la coalición propone la eliminación de indemnizaciones por cese o jubilación de los miembros de sus consejos de administración o directores generales de la entidad; la obligación de cumplir con los principios de la banca ética, cooperativa o ciudadana y la prohibición de retribuciones a los miembros del Consejo de Administración o directores generales que supere la brecha salarial de uno a tres veces el salario más bajo de la entidad.
Para Oltra «de no establecer medidas como éstas estamos construyendo una sociedad en la que los bancos empobrecen a los ciudadanos quedándose el dinero público y encima les echan a la calle; esa no es una sociedad democrática, es una sociedad injusta».