Nuestro Diputado en las Cortes Generales, Joan Baldoví, ha defendido hoy la enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado para 2013, por ser estos la prueba más patente del «austericidio» iniciado por el gobierno del PP. Aquí tenéis la moción completa para que la podáis leer y compartir:
El Estado español se encuentra en una situación de insolvencia técnica en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda sin crear un escenario de inseguridad jurídica para sus empleados, los pensionistas o los actuales cotizantes de la Seguridad Social. También para trabajadores y empresarios. Se oculte o no, se está negociando el conocido como rescate y el memorándum que lo acompañará. Este proyecto de Presupuestos, por tanto, no representa la realidad de la gravedad de la situación ni son un punto de inflexión para frenar el expolio continuado de los recursos públicos para sanear los balances de quienes han quebrado nuestra economía.
Estamos en estos momentos a la espera de un rescate para hacer frente a la crisis-estafa que se ha gestado en los últimos años con el beneplácito de una clase política que en muchos casos ha sido colaboradora necesaria. Una crisis-estafa que cada día tiene más explicaciones para los ciudadanos y que debería acabar como pasto de los tribunales de justicia, como ya ocurre con los responsables de algunas entidades financieras.
Durante los primeros años de esta crisis-estafa se nos hablaba de contexto internacional, de recesión global,… pero una vez reconocida esta situación, como mínimo desde mayo de 2010 con el primer recorte duro a cargo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la política de austeridad, el austericidio, nos ha llevado a un desastre social del que tardaremos años en salir. Un austericidio dirigido por la troika formada por el FMI, la UE y el BCE y aceptado por el gobierno socialista y ahora parece que incluso de manera entusiasta por el actual del Partido Popular.
Esta política está destruyendo empleo, perjudica a los jubilados, lleva a la ruina especialmente a las empresas pequeñas y al futuro de los jóvenes que para encontrar trabajo deben salir de nuestras fronteras. La política de austeridad ha impuesto recortes en las prestaciones, la desregulación plena de las relaciones laborales y ha llegado a colapsar los servicios públicos que garantizan, por ejemplo, el acceso universal y gratuito de calidad a la educación y la salud.
La solución pasa por negar el pago de esta deuda hasta que se delimiten las responsabilidades, que en muchos casos serán judiciales, de quienes han arruinado las cajas o quienes desde la administración han ordenado obras públicas o gastos sin ningún fundamento económico razonable.
Desde nuestra posición consideramos que es precisamente esta concepción política, la del austericidio y el pago obligatorio de la deuda, la que impide que nuestra economía entre de nuevo en una trayectoria de crecimiento. Austericidio porque esta política crea una espiral de recesión y aumento de la deuda que nos conduce al desastre. Y se debería de explicar a los ciudadanos europeos que esta política de austeridad que nos imponen sus dirigentes paraliza nuestra economía y que cada día tienen más peligro para perder su dinero, que los recortes no van a servir para recuperar sus ahorros y que nos sumen en una profunda depresión social y económica. Que sepan que los fondos del rescate no servirán para financiar nuestra educación o sanidad, que irán a tapar el desastre de la banca, a resolver la crisis-estafa.
En definitiva:
1. Rechazamos este proyecto de Presupuestos para 2013 porque contribuyen a seguir con la crisis-estafa que ha generado más de cinco millones de parados y ha acabado con los anhelos de miles de personas y familias, algunos de ellos viviendo en el umbral de la pobreza.
Amparándose en el cumplimiento del artículo 135 de la Constitución Española se recurre a un endeudamiento que consideramos como ilegítimo y en beneficio de terceros privados con cargo a la ciudadanía y los servicios que debe prestar el Estado a cambio de los impuestos que recauda. Además, en el contexto actual de crisis de la deuda, esta obligación dificulta el acceso al crédito del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los recortes de derechos sociales de la población en general que no admitimos.
Y esto es así porque como se expresa en el texto de exposición de motivos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 estas cuentas “fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Nos indican también en estas primeras explicaciones de las cuentas que nos proponen que “se trata de los primeros Presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, y da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2 de marzo de 2012, garantizando una adaptación continua y automática a la normativa europea”.
Traducido a un lenguaje coloquial, se nos pone en verso jurídico que quien toma las decisiones es el FMI, el BCE y la UE y que hemos perdido la soberanía política. Por estos motivos entendemos que esta retórica legal introductoria, necesaria o no, viene a recordarnos una concepto que nuestra sociedad tiene presente cada día en sus vidas desde que el Partido Socialista Obrero Español pactó con el Partido Popular en este parlamento la reforma del artículo 135 de la CE, que en resumen afirma que el pago de la deuda será prioritario antes que cualquier otro gasto. Es decir, que los bancos y prestamistas europeos cobrarán con total seguridad desde las arcas públicas mientras la mayoría social vivirá con incertidumbre sobre su futuro durante muchos años. Algunos economistas prestigiosos dicen que serán más de veinticinco años de padecimiento social sin que a ciencia cierta se sepa si este esfuerzo vale para alcanzar el objetivo de reducir la deuda al nivel que se ha decidido desde la UE.
2. Confirman estas cuentas una estafa social y política para pagar con cargo al dinero público una parte muy importante de las pérdidas generadas por el sector privado o la financiación de obras públicas inútiles. Se concreta el concepto de “austericidio”.
Aunque probablemente esta mención al cuerpo legal sea redundante, puesto que es coherente que el gobierno cumpla con las leyes cuando formula su proyecto de cuentas públicas, cabe suponer que políticamente se fija un marco conceptual a la ciudadanía, lo que nosotros llamamos austericidio: la persecución de un objetivo de estabilidad o déficit que justifica una estafa social enmascarada por la crisis financiera de la banca que ha lastrado a la administración pública.
Nos recuerda amargamente que cada euro que se ingresará durante 2013 irá prioritariamente a pagar a la amortización de la deuda y sus intereses -sean los que sean, a pesar de las previsiones, porque no existe control sobre la prima de riesgo- en perjuicio de nuestros futuro y el de nuestra descendencia, de los sueldos de los empleados públicos y privados, de las pensiones, de las prestaciones para quien tiene derecho a la solidaridad que se practica con un justo reparto de lo recaudado con los impuestos y para laminar el gasto social dedicado a la educación de los niños o la salud de los que padecen alguna enfermedad. Así de cierto es el panorama.
Por tanto, el principal objetivo de estos presupuestos y de los que vengan, mientras no volvamos a ser libres para decidir nuestro futuro y no estemos sometidos a la voluntad de aquellos a los que hemos cedido nuestra soberanía política y no saben hacia dónde caminan, es el pago de la deuda. Una deuda de la que deberían responder los que realmente han vivido por encima de sus posibilidades, que no es la mayoría social, unos pocos que no asumen responsabilidades, que en muchos casos pasarán por los tribunales, como dirigentes de bancos y cajas. Una deuda de la que aún no se ha hecho ninguna auditoría para determinar su legitimidad a pesar que se solicita en esta cámara y desde la sociedad, que quiere saber qué ha pasado para que estemos viviendo esta situación tan dramática. Que la única auditoria es la instrucción de sumarios judiciales que resultan vergonzantes.
3. Desde el año 2008 se ha generado con las cuentas del Estado una deuda “ilegítima” que en este proyecto de Presupuestos para 2013 se confirma.
La deuda “ilegítima”, considerada exclusivamente como aquélla generada no con la finalidad de cubrir déficits públicos no financieros, ascendía en principal e intereses a fecha 31 de diciembre de 2010, según cálculos solventes, a más de ciento veinte mil millones de euros (120.842), aproximadamente un 12% del P.I.B. El origen de esta conducta según la cual el Estado pide prestado para luego a su vez prestar a terceros, son las prácticas de inyección de fondos a la banca privada, cantidades que, con criterios realistas, ni son ni serán devueltas y que no han generado apenas ingresos de ningún tipo ni fomentado que fluya el crédito para particulares o empresas. Dentro de los ciento veinte mil millones de euros de deuda ilegítima se podrían identificar unos cuarenta y cinco mil millones de euros (hasta 2010), directamente empleados en el saneamiento del sector bancario.
La carga financiera de esa “deuda ilegítima” supone el pago de más de cinco mil millones de euros al año, un 0,5% del P.I.B. Si el principal de la deuda ilegítima va en aumento y los tipos de interés suben, el pago de intereses de esta deuda ilegítima podrían llegar al 1% del P.I.B. y representarían (siempre que se recorte el déficit público) la cuarta parte de ese déficit.
Lo más grave a nuestro entender, es que con esta propuesta de cuentas se autoriza al Ministro de Economía y Competitividad para que incremente la Deuda del Estado, con la limitación de que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año 2013 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2013 en más de 48.020.759,50 miles de euros. Aunque puede ser sobrepasarlo, de acuerdo a toda una serie de consideraciones, que situarían como simbólica esta previsión. Para consuelo de los ciudadanos se establecen unos mecanismos de control a base de facilitar información trimestral que hasta la fecha se han demostrado como inútiles, pasando a ser meros notarios o certificadores de las cifras los interventores públicos, sin que haya control real ni se cumplan los objetivos previstos. Esos objetivos que cuando se viaja a las cumbres económicas se explica que se revisarán, que quiere decir que se han incumplido y que todo el esfuerzo de los recortes ha sido inútil.
Se nos propone que los Organismos públicos que tienen a su cargo la gestión de la Deuda del Estado o asumida por éste, remitirán a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad información trimestral sobre los pagos efectuados y sobre la situación de la Deuda el día último del trimestre, y al comienzo de cada año, sobre la previsión de gastos financieros y amortizaciones para el ejercicio. El Gobierno comunicará trimestralmente a las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado el saldo detallado de las operaciones financieras concertadas por el Estado y los Organismos Autónomos. Asimismo, el Gobierno comunicará trimestralmente el número de cuentas abiertas por el Tesoro en el Banco de España o en otras entidades financieras, así como los importes y la evolución de los saldos. Pero esta no es la auditoria o control que nosotros reclamamos pues se ha demostrado a todas luces insuficiente, como mínimo, en los últimos seis años.
Como afirman acertadamente algunos autores, la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto de las operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales, Seguridad, Sanidad, prestaciones sociales, infraestructuras…) y no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso “ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta vía gastos financieros el déficit público y facilita la justificación de los recortes.
Se considera “deuda ilegítima” aquella deuda pública emitida por la Administración Central del Estado cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros. Se considera “prestada a terceros” sean estos pertenecientes al sector público o privado tanto si la operación es de participación en fondos propios de terceros (adquisición de acciones o participaciones de terceros), como si se trata de participación en los fondos ajenos de estos terceros (préstamos, suscripciones de obligaciones, bonos, pagarés…).
La ilegitimidad de esta deuda generada para ser de nuevo prestada se basa en:
– Si el Estado obtiene un beneficio prestando a un tipo más alto que el que tiene que pagar para captar lo recursos, en la ilegitimidad que ello supone, especialmente cuándo el receptor de estos préstamos es un país afectado por la crisis económica que debe ser rescatado.
– Si el Estado no obtiene beneficio porque presta a un tipo inferior o sin interés, como sucede con préstamos al sector privado o a empresas públicas, la deuda es ilegítima porque carga los intereses de su endeudamiento, como gastos financieros que forman parte del déficit público, desvían recursos hacia otros aspectos más necesarios (Sanidad, Educación…) y justifican las políticas de recortes por déficit excesivo.
– Si el Estado, obtenga o no beneficios del primer tipo (presta a mayor tipo del que recibe el dinero) no espera razonablemente recuperar el dinero prestado, como sucede con el sector bancario, la deuda es ilegítima porque no está cubriendo un préstamo sino una verdadera transferencia o “regalo” hacia un sector económico.
– Si, finalmente, el Estado realiza estas operaciones con la finalidad de inyectar fondos (normalmente mediante la participación en los fondos propios de otras entidades) en empresas públicas, la deuda a través de la que se captan estos recursos es también ilegítima porque lo que deben hacer esos entes es acudir directamente al mercado de capitales para obtener financiación y no ampararse en el “paraguas” del Estado, dónde seguramente obtendrán mayores cantidades a un tipo menor, a costa de degradar la calificación de la deuda del propio Estado.
Y cabe, en este contexto recordar, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de restructuración y resolución de entidades de crédito, durante el ejercicio presupuestario de 2013 los recursos ajenos del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria no superarán el importe de 120.000.000 de miles de euros. Es decir, se entregarán para sanear cajas y bancos este importe, más que posiblemente, hasta su límite.
El salvamento de la banca ha supuesto más de 215.000 millones de euros para las arcas públicas, a lo que habrá que sumar los 100.000 millones del fondo de rescate que la Unión Europea ha puesto a disposición de la banca española y del cual el Estado es el último garante. De esta manera, la deuda privada se convierte en una deuda pública que debemos pagar desde la ciudadanía contra nuestra calidad de vida actual y futura y a costa de los derechos sociales adquiridos durante décadas.
Por poner otro ejemplo, en el estado de gastos del Presupuesto de 2011 se destinaron, en el Ministerio de Fomento, 250 millones de euros a préstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas de peaje por sobrecostes de las expropiaciones, dinero que ha habido que pedir prestado anteriormente.
También, bajo el nombre de “actualización de balances” se intenta una nueva amnistía fiscal para recaudar 300 millones de euros el próximo año. Es animar al empresario incumplidor que aproveche la oportunidad que el Gobierno le brinda para ponerse al día con Hacienda. Este objetivo, esperar al defraudador y rebajar la regularización vuelve a ser poco creíble, si observamos como durante este ejercicio, el Gobierno ha aprobado otra amnistía fiscal para que los ciudadanos afloraran bienes ocultos, con un gravamen del 10%, lo que permitiría recaudar unos 2.500 millones de euros, aunque hasta este momento apenas ha llegado a las arcas tributarias un 2% de lo estimado.
4. Estas cuentas conducen a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales a un callejón sin salida y reducen su capacidad para prestar los servicios transferidos y obligatorios con la eficacia necesaria. Se ataca la autonomía política de estas instituciones.
Se nos dice que este nuevo marco normativo persigue garantizar la sostenibilidad financiera de todas las Administraciones Públicas, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española, y reforzar el compromiso de España con la Unión Europea en materia de estabilidad presupuestaria. Pues bien, nosotros humildemente consideramos que la sostenibilidad financiera y la estabilidad se consigue cuando los acontecimientos económicos no desbordan a diario, semana a semana, a un gobierno que viaja sin rumbo, sin dirección política, sin certidumbre y que no se plantea negar la mayor: que no se puede soportar ni el pago de esta deuda ni a los tipos de interés que reclaman nuestros acreedores.
En esta línea, que denominamos austericidio, se afirma que los Presupuestos Generales del Estado para 2013 profundizan en la reducción del gasto público dentro de un contexto de consolidación fiscal, de acuerdo con las orientaciones y recomendaciones establecidas por la Unión Europea. Para ello el Estado tendrá un déficit del 3,8 por ciento; las Comunidades Autónomas del 0,7 por ciento; mientras que las Corporaciones Locales y la Seguridad Social deberán cerrar el próximo año con déficit cero. El objetivo de deuda pública queda fijado para la Administración Central en un 66 por ciento del PIB en 2013. El límite de gasto no financiero del Estado se fija en 126.792.000 miles de euros.
Con estos objetivos que son de imposible cumplimiento se condena a la población a una pérdida de calidad de vida insoportable. Se condena a las Comunidades Autónomas a prestar de manera incorrecta los servicios que tiene encomendados y a los Ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, a la indigencia y a la calamidad. No podrán nuestros ayuntamientos ni arreglar las calzadas de sus calles, ni acometer obras de mantenimiento porque el dinero se destinará a prestarlo a la banca y a las cajas que vivieron e invirtieron por encima de sus posibilidades, que jugaron su dinero y el de sus impositores, algunos engañados como los compradores de subordinadas, participativas y preferentes, y que ahora se rescatan.
El 70% del déficit acumulado los tres últimos años (2008-2011) y el 76% de la deuda pública al final del año 2011 son responsabilidad de la Administración central. Las autonomías son responsables del 28% del déficit y el 19% de la deuda pública, considerando que su gasto ya representa el 35% del total de las administraciones públicas. Quien culpa a las autonomías de la deuda pública está mintiendo de forma interesada. El Estado es el culpable de la mayoría de la deuda, a pesar de no tener que asumir la sanidad y la enseñanza, que son los servicios públicos que más gasto necesitan.
Porque los gestores de esta crisis-estafa buscan ahora responsables en las administraciones autonómicas y locales para minarlas, para recentralizar la decisión sobre el gasto y ser más poderosos para servir mejor a quien sirven.
Conocemos bien el caso valenciano y lo explica todo. Aproximadamente, el 80% de los ingresos de la Generalitat Valenciana provienen del sistema de financiación autonómica, que incluye todas las comunidades autónomas a excepción del País Vasco y Navarra. Desde la implantación del Estado de las autonomías, todos los modelos de financiación autonómica nos han penalizado y hemos recibido menos recursos por habitante que la media, a pesar de tener que prestar los mismos servicios. Esto ha generado una deuda financiera importante, cifrada en más de 8.500 millones de euros. Cada año millones de euros salen de los bolsillos de los ciudadanos y empresas valencianas hacia Madrid para no volver nunca más en forma de inversiones o de fondos porque la Generalitat y los ayuntamientos pagan los servicios que prestan al ciudadano.
La asfixia financiera de nuestras instituciones frena nuestra economía y capacidad productiva. El Estado español, que es quien nos ahoga, ahora nos ofrece un rescate a cambio de desmantelar los servicios públicos. El conocido como Fondo de Liquidez Autonómica. La deficiente financiación afecta también la salud de nuestras empresas, que ven como hay carencia de infraestructuras y de políticas de estímulo que frenan su desarrollo. La asfixia financiera también nos impide impulsar políticas de empleo efectivas y nos aleja del final de la crisis. Si el sistema actual no cambia, la Generalitat Valenciana está condenada a la quiebra.
5. Estas cuentas no sirven para rescatar a las personas ante la grave situación creada por una crisis injusta.
Como ejemplo situaremos a un colectivo especialmente perjudicado: son las personas que contrataron hipotecas para acceder a una vivienda durante los años del boom inmobiliario. Se reúnen en entidades como la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) y concluyen que estos presupuestos no les tienen en consideración mientras se continúa prestando dinero a cajas y bancos para su rescate.
Se consideran víctimas de la estafa hipotecaria, implementada por los especuladores financieros, entre los que han participado, además del sector financiero español, los bancos alemanes y el BCE. Explican como los bancos españoles, en acuerdo con los inversores internacionales y en su afán por incrementar sus ganancias, concedieron créditos de alto riesgo a familias con inestabilidad laboral y de ingresos, eludieron los controles de riesgo del Banco de España, que este Banco no ejerció, como se dice reiteradamente en las comisiones de investigación abiertas en los parlamentos autonómicos -por ejemplo, las Cortes Valencianas por los directivos de la CAM- su función de vigilar y permitió que este tipo de actividad se desarrollara sin control.
Nos cuentan, y es más que cierto, que los bancos y cajas contrataron tasadoras que inflaron los precios de las viviendas, para incrementar el crédito por operación y a la vez dar la impresión de inversión solvente, que mediante este mecanismo también engañaron a las familias hipotecadas porque nos hicieron creer que la vivienda que compraban tenía un valor superior al que en realidad representaba.
Confirman que las entidades de crédito recurrieron a la titulización de estas hipotecas trasladando el riesgo de impago a los inversionistas y obtuvieron cientos de miles de millones de euros que se reinvirtieron en la especulación inflando la burbuja inmobiliaria. Los bancos alemanes, con conocimiento previo del mercado hipotecario español, intervinieron en algunos casos como directores o aseguradores o colocadores de los bonos de la titulización hipotecaria, bonos que fueron adquiridos por fondos de pensiones o inversores internacionales. Así las cosas, el Banco Central Europeo recibió como colateral los bonos de la titulización hipotecaria proveniente de la burbuja inmobiliaria española y estos fondos también se reinvirtieron en la misma burbuja.
Hoy con la caída de la economía y el desempleo, los bancos y cajas están ejecutando las hipotecas, están echando de las viviendas a miles de familias o personas y la deuda que queda es impagable. Los bancos y cajas nos quitan las viviendas para tratar de pagar intereses y amortizar la deuda de los compradores de bonos, condenando a la exclusión social a cientos de miles de familias. Los desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional y la condena a deudas perpetuas, constituyen una flagrante violación de los derechos humanos, perpetrada por las entidades financieras, con la colaboración de los tribunales del Reino de España y de la Unión Europea, conforme a las Observaciones Generales del comité DESC, que desarrolla el Pacto internacional de Derechos Económicos y Sociales. En los juzgados del Reino de España, a instancia de la entidades financieras, se realizan ejecuciones hipotecarias masivas (centenares de miles) en las que los deudores se encuentran en la más absoluta indefensión (más del 70% carecen de defensa letrada), en un procedimiento como el de ejecuciones hipotecarias en el que se producen graves restricciones de los derechos fundamentales, entre los que se destaca la utilización de la fuerza pública para entrar en los domicilios particulares y la utilización de la fuerza para el desahucio de las familias hipotecadas.
Para la redacción de esta enmienda a la totalidad hemos recurrido a documentos y datos que la ciudadanía ha confeccionado ante la negativa del Gobierno de analizar y auditar cómo se ha generado la deuda pública, el dinero destinado a sanear las cuentas de resultados de empresas privadas como los bancos y algunas cajas y la legitimidad de estas operaciones. Nuestra intención es que se incorporen a los diarios oficiales para que se tenga constancia en los archivos de la opinión de una parte de la sociedad que se siente maltratada.
Por estos motivos, solicitamos la retirada de este proyecto de Presupuestos Generales y su formulación desde un nuevo planteamiento. Entendemos que se debería de haber producido una moratoria sobre el pago de la deuda pública al menos por dos motivos. El primero es dilucidar en los tribunales su legitimidad ante la gravedad de hechos que el propio FROB imputa a directivos de entidades financieras; y el segundo negociar con sus tenedores un tipo de interés y un plazo de amortización sostenible para nuestra sociedad que no ha de pagar aquello que no debe porque no ha sido la beneficiaria de estos créditos.
Por todo ello, rechazamos estos presupuestos en su nombre y queremos dejar testimonio de ello con esta enmienda a la totalidad, solicitando su devolución al Gobierno.