Compromís por Siete Aguas, a través de su concejala Ana Mª Muñoz González, presentará a consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente PROPUESTA sobre los recortes impuestos a la LAPAD en el Real decreto ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ley 39/2006, (LAPAD) supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de los cuales 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio.
No obstante, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber llegado a su madurez, al cumplir más de un lustro desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de deterioro que amenaza con echar a perder todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este sistema está siendo descuartizado a golpes de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector. A todo esto se une la persistencia y agravamiento de algunos de los problemas estructurales de este sistema, en particular la desigualdad entre territorios autonómicos.
Problemas que no solamente no se solucionarán, sino que se verán agravados porque es, de hecho, una derogación encubierta de la Ley, que reducirá el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando el impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia con los países de nuestro entorno por lo que respecta al modelo económico y la generación de empleo.
El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, por lo que respecta al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas que son desconsideradas y crueles con las personas más vulnerables, al mismo tiempo que son antieconómicas, de manera que la utilización en el texto legal de expresiones como «mejorar» o «sostenibilidad» son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/las profesionales del sector de los servicios sociales.
Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:
-La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80).
-El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El repago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la descapitalización de las familias.
-La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes
-La reducción de la cantidad de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de «fraude» en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/das. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes.
-Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% de ellas mujeres.
-En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A de los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar.
Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia» – personas a las que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio, por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años.
Considerar inviable la promoción de la autonomía personal y atención de las Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas al concepto constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de dependencia sin ningún apoyo, y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno.
Por ello, el Grupo Municipal COMPROMÍS eleva al Pleno esta PROPUESTA:
1.-Instar al Gobierno de España para que retire las últimos recortes a la LAPAD en el Real decreto ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero.
2.-Instar al Gobierno Central para que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba para el financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros.
3.-Que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, por lo menos a lo que se consiguió en su aprobación.
4.-Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunitat Valenciana, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.