8 DE MARZO 2013. MANIFIESTO COMPROMÍS.
El 8 de marzo es una fecha reivindicativa para exigir los derechos de ciudadanía y laborales de las mujeres.
Hoy igual que siempre, y debido a la crisis más que nunca, hace falta un cambio de dirección en las políticas del gobierno que inciden de manera especialmente dura en la situación de desigualdad y suponen una pérdida de derechos de la ciudadanía ya consolidados, porque con este gobierno se está retrocediendo.
Estamos en un contexto de crisis estructural: económica, política, social e institucional, y como parte de ella, se están implantando un conjunto de medidas, que no son solamente una sucesión de recortes, sino que suponen un cambio de modelo planificado. El desmantelamiento del Estado del bienestar es un cambio ideológico.
Este cambio de modelo afecta a la economía (privatizaciones, reforma laboral y de las pensiones, así como a la negociación colectiva, recortes de servicios públicos que están desmantelando el Estado del bienestar…), pero también en el ámbito social y político. En este contexto, el papel de las mujeres en la sociedad y las conquistas ya conseguidas o todavía reivindicadas, son uno de los ámbitos más resentidos. Estamos yendo hacia el fortalecimiento del modelo patriarcal y no hacia ninguna igualdad. Este cambio de modelo afecta de manera más cruel a las mujeres, porque el Estado del bienestar es el lado feminizado del Estado: educación, sanidad, políticas sociales, atención a la dependencia, etc.
Hace falta trabajar por la participación activa de las mujeres en la vida pública, fuente de derechos, de empoderamiento y de una comprensión más inclusiva de la acción política. Es importante el cumplimiento efectivo de la Ley de Igualdad, vigente desde hace 6 años, para avanzar en la eliminación de los obstáculos y de los prejuicios que sufren las mujeres.
Desde las instituciones públicas se deben hacer acciones para que el reparto del trabajo remunerado y del no remunerado, trabajos domésticos y asistenciales, se hagan de manera equilibrada y en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Urge que el Gobierno del Estado ratifique el Convenio 189 de la OIT para la dignificación del trabajo doméstico asalariado.
Las mujeres jubiladas: sufren las desigualdades acumuladas al largo de toda la vida, y que se agravan según se va cumpliendo años, y está convirtiéndose en una amenaza real para las mujeres de mayor edad que han trabajado a lo largo de toda su vida en la casa, cuidando su familia, dando apoyo a negocios familiares, y aún así, sus pensiones son bajas y se derivan de su estado civil. Si llegan a percibir una pensión por sus años de trabajo, esta suele ser inferior a la de los hombres, por diversos factores: las mujeres sufren la parcialidad, la temporalidad, la diferencia salarial, la interrupción o el cese de la carrera laboral para cuidar de los hijos, de las personas enfermas o mayores y una mayor tendencia a ocupar trabajos que les permitan conciliar.
La labor educativa desde las instituciones y las acciones públicas y políticas: es necesario que las instituciones públicas ejerzan de modelo en valores de igualdad en todas sus actuaciones; se han de programar actos con carácter positivo donde se promueva la igualdad de derechos, la liberta y la autonomía de las mujeres y donde se aparque el modelo femenino sumiso y las actitudes y las conductas sexistas. Esto incluye desde el diseño urbanístico hasta la programación de actos culturales, deportivos y festivos. También, en la medida de nuestras competencias, se tienen que controlar las campañas publicitarias donde las mujeres se venden como objeto sexual. Hay que criticar la iniciativa del gobierno de retrocedir en la coeducación dentro del ámbito escolar, con medidas como la posibilidad de separar el alumnado por sexo. También es muy importante reivindicar la educación sexual y afectiva dentro de la enseñanza.
Nuestro objetivo político tiene que ser la feminización de la sociedad, es decir que el conjunto de la ciudadanía así como las administracio nes públicas asuman los valores y las responsabilidades de cuidado i vertebración social tradicionalmente femeninos. Los servicios públicos tienen que velar por la igualdad de derechos y promoverlos: nuestras acciones políticas tienen que reivindicarlos, defenderlos y deben ser coherentes.
– Queremos una escuela pública, laica y coeducadora. Hace falta respetar la diversidad y es urgente una educación sexual y afectiva en todos los niveles de la enseñanza.
– Que la atención a la salud sexual y reproductiva no sexista forme parte de la red de sanidad pública, dando a las mujeres garantía de salud, de seguridad y de libertad sobre su cuerpo. Recordemos el propósito del gobierno de modificar la ley de interrupción del embarazo.
– Es escandaloso que los poderes públicos abandonen a las familias en la atención de las personas en situación de dependencia. Esto supone un obstáculo enorme en el camino hacia la igualdad, al ser las mujeres mayoritariamente la que, de hecho, asuman esta responsabilidad. Exigimos la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y denunciamos la política de recortes en las ayudas previstas en la Ley.
La violencia contra las mujeres: maltrato, asesinato, violaciones, mutilaciones genitales a las mujeres se mantienen en tasas insoportables. Los recortes económicos y sociales repercuten directamente en la prevención, en la detección y en el tratamiento. Hace falta tener en cuenta los colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres y niñas recién llegadas a nuestra tierra. Recordemos la moción del 25 N donde ya peidmos el compromiso de los ayuntamientos en incorporar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y en dotar de recursos las partidas necesarias de los presupuestos.
Las ordenanzas municipales sobre la prostitución no tienen que criminalizar a las mujeres. Exigimos la persecución de las mafias y proxenetas que explotan a mujeres y niñas y hacen falta medidad de protección y políticas públicas activas y efectivas de inserción sociolaboral para todas aquellas mujeres que quieren salir de esta situación.
La diversidad afectivosexual: la ley de matrimonio igualitario, por fin es constitucional. Se tienen que combatir todas las corrientes de la discriminación por la orientación sexual o identidad de género. Es necesario velar para que en los ayuntamientos no se discrimine de ninguna manera y se pongan obstáculos a las parejas no heterosexuales. Así mismo hace falta desarrollar acciones para promover la normalización de la diversidad afectivosexual y criminalizar las actitudes discriminatorias. Desde los ayuntamientos se tienen que tomar medidas para que desaparezcan los prejuicios y también para ayudar a hacer visible la identidad seuxal. Tenemos que hacer positivo que las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales sean visibilizadas en todos los ámbitos de la sociedad y gocen de las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía.
Se tiene que hacer un uso del lenguaje no sexista: el lenguaje construye nuestra visión de la realidad y las instituciones tienen la responsabilidad de consolidar un lenguaje igualitario e inclusivo, no solamente se tiene que evitar el seximo y la misogínia, sino que no puede invisibilizarse a las mujeres. En este sentido no hay ningún manual de estilo oficial, tema que deberíamos reivindicar a las instituciones.
¡Mujeres libres en un País libre!
País Valenciano, 8 de marzo de 2013