Enric Morera participó este pasado sábado en una reunión con un centenar de concejales y una veintena de alcaldes para tratar los problemas que afectan directamente a los municipios valencianos. La reforma que pretende llevar adelante el gobierno de Rajoy ha sido uno de los temas más comentados en el encuentro, aunque desde Compromís se trabaja desde el minuto uno para proponer alternativas a una ley que quiere dejar sin autonomía, sin competencias y sin recursos en los ayuntamientos, que es la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas.
Morera ha estado contundente en sus declaraciones y ha asegurado que el trabajo de la formación valencianista, progresista y ecologista, “continúa, como desde el primer día, en la defensa de las personas y defender nuestros ayuntamientos es defender también a las personas porque desde los servicios sociales que prestan las administraciones locales se conocen los peores casos que sufren sus vecinos y se actúa para mejorar las condiciones de vidas de las ciudadanas y ciudadanos que lo necesitan. Rajoy no quiere esto, quiere atar de pies y manos a los ayuntamientos, quiere dejarlos sin recursos y pondrá en peligro la ayuda a muchísimas personas”.
“Desde Oliva, volvemos a reivindicar nuestra apuesta por los ayuntamientos valencianos, como motor para salir de la crisis, para que hagan políticas activas de empleo, respondiendo a las necesidades de los vecinos y vecinas y atendiendo los casos de emergencia o de extrema necesita, que es lo que hacen los servicios sociales y es lo que quiere eliminar Mariano Rajoy, un presidente austericida, mentiroso y que está centrando su política en atacar a las personas más desfavorecidas”, según Morera.
La reunión de hoy ha servido también para hacer público un documento, “La Declaración de Oliva”, que ha sido presentado por Morera, por el diputado en el Congreso, Joan Baldoví y por el alcalde valencianista de Oliva, David González y en el cual se defiende una financiación justa para los ayuntamientos. Según el documento, “los ayuntamientos son aquellas administraciones en las que la ciudadanía se siente representada con mayor fuerza respecto de las decisiones que les afecta y por eso tienen que ser las mayores depositarias de competencias. Si los ayuntamientos valencianos recibiesen la financiación que les corresponde, dispondrían del doble de recursos para hacer política para las personas, con las personas que vivimos en las ciudades y a los pueblos de todo nuestro país”.
Por eso, hoy se ha materializado un rechazo total al Anteproyecto de Racionalización y de Sostenibilidad de la Administración Local en el cual trabaja el gobierno del Estado español, porque, según Morera, “nos encontramos ante el mayor ataque a la autonomía local de toda la democracia, puesto que recorta sus competencias, e incluso, su representatividad democrática y su independencia en la gestión de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, queriendo reforzar unas diputaciones que están muy caducadas y que suponen la duplicidad de servicios y, por lo tanto, de gastos”.
DECLARACIÓN DE OLIVA
La Assemblea de Regidors i Regidores Nacionalistes del País Valencià, reunida en la ciudad de Oliva (la Safor) el 4 de mayo de 2013, hace pública la siguiente DECLARACIÓN:
El 15 de febrero pasado, el gobierno del Estado español aprobó un informe sobre el “Anteproyecto de Racionalización y de Sostenibilidad de la Administración Local”.
Este informe propone la reforma más profunda de todas cuantas se han llevado a cabo en relación al sector público local.
Esta contrarreforma pasa a ser, para nuestros municipios, la implantación de un modelo de recentralización que refuerza el papel de las diputaciones; unas instituciones anacrónicas, impuestas en el siglo XIX que provocan una dualidad administrativa que hay que eliminar con las reformas legislativas que correspondan.
Además, nos encontramos delante del mayor ataque a la autonomía local de toda la democracia, ya que recorta sus competencias, e incluso, su representatividad democrática y su independencia en la gestión de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes.
Esta reforma contraviene, pues, los principios de la Carta Europea de la Autonomía Local y suprime el principio de “Máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos y a las ciudadanas”.
Los ayuntamientos son aquellas administraciones en que la ciudadanía se siente representada con mayor fuerza respecto de las decisiones que los afectan y por eso deben ser las mayores depositarias de competencias.
Asimismo, las modificaciones que la propuesta del gobierno español introduce tienen un fuerte cariz restrictivo en la gasto y fomentan el austericidio, siguiendo el espíritu de la reforma constitucional, auspiciada desde la Unión europea y concretada por el acuerdo bilateral entre PP y PSOE; por la que, en el septiembre de 2011, se aprobó el cambio del artículo 135 de la Constitución española, para favorecer el pago del deuda, antes que la atención a los servicios públicos y a las necesidades de los ciudadanos.
En consecuencia, las competencias de las administraciones locales se fijan según los techos de gasto estándar y sus recursos; con lo cual, reiteramos que nos situamos delante del mayor recorte en la administración local de toda la democracia.
Los concejales y las concejalas nacionalistas del País Valenciano rechazamos este informe, porque entendemos que el camino por alcanzar una racionalización mejor y una eficiencia mayor en la administración local es justamente el contrario.
Contra el austericidio y el recorte de recursos y de competencias, hay que fomentar la gestión de la proximidad y apostar por un financiación conveniente de la administración que la soporta, la administración local.
Los retos que introducen los cambios del modelo económico, en el ámbito local, tienen solución a través de la proximidad, del servicio a las personas y de una nueva forma de gobernar, donde los diferentes actores que conforman nuestra sociedad decidan cuál es la forma de solucionar los problemas, a través de la participación y de la cooperación.
Hay que recordar que no se pueden regular competencias, sin resolver la cuestión de la financiación local, una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia.
En estos momentos, los ayuntamientos del País Valenciano reciben alrededor de 1.064 millones de euros de transferencias del Estado; eso es, un 12-14% de la participación de los impuestos y de los tributos del Estado recaudados en el País Valenciano.
Los concejales y las concejalas nacionalistas reivindicamos el sistema de tercios en la participación de estos tributos (33 % Estado, 33% CCAA y 33% municipios). En todo caso, y por garantizar una gestión mínimamente óptima, prevemos, que las administraciones locales no deberían participar en un porcentaje inferior al 25%.
Si los ayuntamientos valencianos recibieran la financiación que toca, dispondrían del doble de recursos por hacer política para las personas, con las personas que vivimos en las ciudades y en los pueblos de todo nuestro país.
Finalmente, en un escenario de Concierto Económico Responsable con el Estado español, en que los valencianos y las valencianas recaudamos aquellos impuestos liquidados en el País Valenciano, los concejales y las concejalas nacionalistas reclamamos que aquella parte correspondiente a la financiación local, necesaria para garantizar la viabilidad y el funcionamiento de nuestros ayuntamientos, sea garantizada y contemplada dentro de este futuro Concierto Económico Responsable.
En Oliva, 4 de Mayo de 2013.